El Gobierno de uno de los territorios que ha albergado buena parte de las grandes empresas que huyeron de Cataluña por el procés, la Comunidad Valenciana, no ha dudado en cargar contra la intención de Junts de multar a las empresas que protagonizaron ese éxodo y no vuelvan a ubicar sus sedes en Cataluña. Un plan que anuncia en pleno choque con el Gobierno de Pedro Sánchez por su rechazo a aporbar los primeros decretos de su nuevo Ejecutivo.
La consellera de Hacienda y portavoz de la Generalitat Valenciana, Ruth Merino, se mostró muy crítica con la que calificó como “una ocurrencia” del partido independentista. Para el Gobierno valenciano, además de romper “la igualdad entre españoles” como ya ocurre con sus propuestas en financiación, “en este caso atentando y coaccionando contra la libertad de las empresas“.
Merino recordó que son las empresas las “que libremente deciden donde quieren instalarse, ocurrirse sancionar a empresas que no vuelvan a Cataluña es una ocurrencia fuera de lugar”. La Comunidad Valenciana acoga actualmente las sedes sociales de grandes bancos como CaixaBank en Valencia y Banco Sabadell en Alicante, además de otras empresas de diversos sectores como Idilia Food, el dueño de Cola Cao.
La portavoz del Gobierno de coalición de PP y Vox consideró “egoísta” la postura del partido catalán “rompiendo una vez más con la igualdad de los españoles” y calificó el plan de recurrir a sanciones a las empresas que se han trasladado a otras regiones para “poner contra las cuerdas no sólo al Gobierno de España” de Pedro Sánchez, cuya investidura respaldó Junts con un pacto muy criticado desde el Ejecutivo valenciano.
Tierra abierta a las empresas
“No hay ningún plan específico ante esta amenaza de Junts porque me parece que esto no va a llegar a ningún sitio porque las empresas tienen libertada para instalarse”, aseguró Merino al ser preguntada por si la Generalitat Valenciana iba a poner en marcha alguna medida para evitar el posible regreso de esas grandes corporaciones.
Según Merino, el Gobierno de Carlos Mazón ha apostado por políticas y medidas fiscales para atraer y mantener inversiones empresariales en su territorio, con las que continuará durante esta legislatura para transmitir la imagen de una tierra abierta a compañías y emprendedores. Además, la portavoz aseguró que no era consciente de que hubiese habido comunicación de preocupación por parte de las corporaciones por estas propuestas.
